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El pasado miércoles 25 de octubre se publicó en el BOE la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y cuyo objetivo según recoge su propio preámbulo es “seguir avanzando en el desarrollo de nuevas medidas de apoyo a todo lo que significa la actividad emprendedora”.

Esta es una ley que, como ha quedado claro en su desarrollo parlamentario, alimentó demasiadas expectativas para unos resultados más bien modestos que no se corresponden con la literalidad del texto normativo finalmente aprobado, y que continuarán generando insatisfacciones entre emprendedores y emprendedoras de manera absolutamente justificada.

Todo ello en una realidad que como siempre tiene sus claroscuros. La parte buena es que tenemos que reconocer que nuestro sistema de protección social para los autónomos es mucho mayor que el que proporcionan otros países de nuestro entorno debido precisamente al esfuerzo contributivo de éstos. Por ejemplo, en muchos países europeos el autónomo no tiene asistencia sanitaria. Debemos ser muy conscientes de ello.

Pero la parte mala es que hay varios males endémicos que no terminan de solucionarse. Tenemos un problema de perspectiva de género (66% de varones y 34% de mujeres), un problema con el emprendimiento de los jóvenes (72% son autónomos mayores de 40 años) y de escaso potencial de los proyectos (esto es tremendo, el 86% de los autónomos cotizan por lo mínimo lo que lastrará el día de mañana sus pensiones y nos da una idea de la rentabilidad de los proyectos). Y lo que es peor, echando un vistazo a la Memoria Anual 2016 de la Seguridad Social se observa que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tiene un descuadre al año de 6.600 millones de euros.

Así pues, esta ley introduce reformas que según el color político con que se miren las podemos calificar de “avances” o “parches”, y que como hemos vistos están limitadas por ese descuadre. Entre ellas… ampliación de la tarifa plana a doce meses, deducciones de gastos de manutención y suministros de viviendas afectadas a una actividad empresarial (ésta última muy tibia), la inclusión del accidente de trabajo in itinere para los autónomos o mayor flexibilización a la hora de modificar la base de cotización.

Conscientes de todo ello, al menos existe un consenso parlamentario sobre la necesidad de abordar próximamente una profunda reforma del Régimen de Autónomos de la Seguridad Social, que modernice y actualice esta figura a la nueva economía del Siglo XXI. Recomiendo leer este artículo del Diario Público al respecto sobre las primeras intervenciones en la Subcomisión parlamentaria creada «ad hoc». La pregunta del millón es para cuándo y cómo…

Y en este punto para mí, si el reto continua siendo tal y como recoge el preámbulo de esta ley “seguir avanzando en el desarrollo de nuevas medidas de apoyo a todo lo que significa la actividad emprendedora” hay que ampliar la visión, hay que tener “altura de miras” como se dice ahora.

Y atentos porque la receta se recoge en el Informe GEM 2016 que me limito a copiar y pegar … “Las principales recomendaciones para mejorar el ecosistema emprendedor español de los expertos entrevistados en esta edición van orientadas a: (i) continuar trabajando en políticas gubernamentales que brinden apoyo a lo largo del proceso emprendedor mediante la reducción de costes y cargas fiscales, la reducción de la burocracia y la incentivación de la inversión; (ii) fortalecer el emprendimiento a través de los diversos niveles educativos; y (iii) continuar apoyando la financiación de iniciativas emprendedoras mediante diversos productos e instrumentos financieros público/privados.”.

Así que parece obvio que para seguir avanzando no sólo es necesaria una reforma más ambiciosa que implique reducción de costes y cargas fiscales, y la reducción de la burocracia, que solucione el problema de los emprendedores que cobran menos del salario mínimo interprofesional (que habrá que hacerlo por sentido de justicia social), de la concreción de la habitualidad (algo que de momento ya han hecho los tribunales), o la vinculación de las cotizaciones a los rendimientos económicos bajo un principio de capacidad contributiva para solucionar la sostenibilidad del sistema.

Necesitamos además más educación en emprendimiento, en las fases de creación y consolidación, y más financiación especialmente en las fases más incipientes. Simple y directo.

Y más aún para terminar. Echen un vistazo a las causas de abandono o cierre de las actividades emprendedoras que recogen el mismo Informe GEM 2016… El 40% de los emprendedores abandona simplemente porque el negocio «no era rentable». ¿Intentamos solucionar ésto?

Raúl Medina Tamayo.
Técnico Cátedra de Emprendedores UCA
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